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La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, aprobó el Protocolo de abordaje de la violencia laboral y/o de género en el MPA. Así lo hizo a través de la Resolución 422, de fecha 1 de diciembre de 2023.

La nueva guía de acción se enmarca en el lineamiento estratégico de gestión de la Fiscal General que implica la priorización del abordaje a las víctimas. En tal sentido, se atienden los supuestos de violencia laboral, que constituye una de las principales fuentes de inequidad, discriminación, estigmatización y conflicto en el ambiente de trabajo.

Protocolo

El protocolo será de aplicación a las relaciones laborales entre todas las personas que forman parte del MPA, independientemente de la situación que revistan, cargo, función, antigüedad o modalidad de contratación. Asimismo, abarcará conflictos entre integrantes de la institución y agentes externos auxiliares (personal de las fuerzas de seguridad, profesionales).

La Fiscal General destacó que “los principios de actuación serán el acompañamiento y la contención a la víctima, la no revictimización, la privacidad y la confidencialidad, el acceso a la información y la participación, el asesoramiento y la orientación y la protección integral de quien sufra cualquier expresión de violencia laboral y/o de género”.

Vranicich también explicó que “diseñamos una política integral con el fin de implementar los mecanismos necesarios para que cesen las situaciones conflictivas y erradicarlas minimizando sus consecuencias”. En tanto, remarcó que “el objetivo es promover relaciones laborales libres de violencias”.

La autoridad de aplicación del protocolo será la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Fiscalía General. En esa dependencia se creará un área especializada para brindar atención temprana, intervenir ante consultas o denuncias y, eventualmente, remitir legajos a funcionarios y funcionarias con facultades disciplinarias.

Tipos de violencia

La problemática que trata el protocolo aprobado por Vranicich posee un amplio abordaje normativo nacional e internacional.

En el documento se considera violencia laboral y/o de género “a toda conducta en el marco de una relación laboral que, de manera directa o indirecta, activa u omisiva y por cualquier medio [...] produzca una afectación a la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, seguridad personal y/o carrera laboral de la víctima”.

Se detalla que estas situaciones violentas pueden ocurrir “tanto en el ámbito público como en el privado y/o en el espacio analógico o digital, en base a una relación desigual de poder, superioridad jerárquica, circunstancias vinculadas a su función o discriminación por cuestiones de género”.