Institucional

Está integrado por el/la Fiscal General, que es el/la responsable de la organización y el funcionamiento del MPA, y por los/las cinco Fiscales Regionales, quienes responden por el buen funcionamiento de la institución en la división territorial que les fue asignada. 

El/La Fiscal General y los/las Fiscales Regionales duran seis años en sus funciones, gozan de inamovilidad e inmunidad y no pueden ser reelegidos/as. A los cargos se accede por concurso público de oposición y antecedentes y las designaciones las realiza el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Asamblea Legislativa.

Están compuestos por los/las fiscales, los/las fiscales adjuntos/as y las Agencias Fiscales Especiales.

Los/Las fiscales y fiscales adjuntos/as deben ser abogados/as. A los cargos se accede por concurso público de oposición y antecedentes y las designaciones son realizadas por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Asamblea Legislativa. 

Los/Las fiscales tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal pública de acuerdo a la distribución de trabajo dispuesta por los/las Fiscales Regionales, quienes determinarán la cantidad, el asiento y el área territorial de incumbencia de las Fiscalías. Por su parte, los/las fiscales adjuntos/as actúan por delegación y bajo la supervisión de los/las fiscales. 

Las Agencias o Unidades Fiscales Especiales son creadas por los/las Fiscales Regionales para actuar en parte o en todo el territorio de su competencia.

Los Órganos de Apoyo a la Gestión son la Secretaría General; la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos; los Consejos Asesores Regionales; la Administración General; la Auditoría General de Gestión; la Escuela de Capacitación y el Organismo de Investigaciones.

La Secretaría General es el órgano encargado de brindar asistencia administrativa y operacional al/a la Fiscal General. Quien asume el cargo es designado por el/la Fiscal General, previo concurso de oposición y antecedentes.

La Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos se ocupa de la definición de estrategias y acciones vinculadas con la política de persecución penal en el ámbito del MPA. Además, tiene por objetivo formular lineamientos de promoción y protección de derechos humanos que puedan ser violados en diferentes hechos delictivos.

Los Consejos Asesores Regionales se forman uno por cada Fiscalía Regional. Cada uno está compuesto por tres fiscales, tres representantes de los gobiernos municipales y tres representantes de organizaciones de la sociedad civil. Tienen a su cargo la formulación de recomendaciones relacionadas a las políticas de persecución penal; plantean observaciones o quejas sobre el servicio y asesoran al/a la Fiscal Regional.

La Administración General tiene a su cargo la elaboración, administración y ejecución presupuestaria y gerenciamiento de recursos materiales y humanos que le sean encomendadas por el/la Fiscal General. El cargo es designado por el/la Fiscal General, previo concurso de oposición y antecedentes. Dura seis años en la función.

La Auditoría General de Gestión vela por el correcto funcionamiento de todos los órganos fiscales. Posee autonomía funcional para organizar controles, verificaciones, fijar criterios y emitir conclusiones. Quien asume el cargo es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, previo concurso público de oposición y antecedentes, y dura seis años en sus funciones.

La Escuela de Capacitación planifica, ejecuta y evalúa acciones de capacitación destinadas a todas las personas que integran la institución. Se trata de uno de los componentes considerados por el régimen de carrera previsto por la ley provincial 13.013.

El Organismo de Investigaciones tiene como objetivo asistir al MPA en el estudio técnico de los hechos que se afirman delictivos. Quien asume el cargo dura seis años en sus funcionees y goza de inamovilidad, sin posibilidad de ser designado por más de dos períodos consecutivos.

El Gabinete de la Fiscal General está integrado por los Fiscales Regionales y los Órganos de Apoyo a la Gestión.

Funciona como órgano consultivo y de asesoramiento. Tiene a su cargo las funciones que la ley o la Fiscal General específicamente le encomiende.

El Órgano Disciplinario cuenta con un Tribunal de Disciplina integrado por cuatro personas que varían de acuerdo al caso:

1. Un/Una representante del Colegio de Abogados de otra Circunscripción Judicial en que se desempeñe el/la acusado/a;

2. Un/Una senador/a y un/una diputado/a designados/as anualmente al efecto por sus cámaras;

3. Un/Una Fiscal Regional de una circunscripción diferente a la que corresponde al/a la acusado/a, designado/a por sorteo; y

4. El/La Fiscal General, quien preside el Tribunal y vota sólo en caso de empate.

La Auditoría General de Gestión es el órgano que acusa ante el Jurado.