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Un búnker ubicado en Calle 45 número 1.243 del barrio Islas Malvinas de Reconquista fue demolido hoy en el marco de una investigación que realizó el MPA por la venta de droga al menudeo en esa ciudad del norte provincial.

El derribo fue autorizado judicialmente a raíz del pedido formulado por el fiscal Sebastián Galleano, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, en una audiencia llevada a cabo en los tribunales reconquistenses.

En la demolición realizada esta mañana, también estuvieron presentes la Fiscal Regional Interina de la Fiscalía Regional 4, Georgina Díaz, y los funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Sebastián Montenotte y Rolando Galfrascoli, subsecretario de Análisis Criminal y director provincial de Investigación Criminal, respectivamente.

Devolver tranquilidad al barrio

“El derribo de este búnker se enmarca en una investigación proactiva del MPA en la que una persona ya fue condenada y otras tres fueron imputadas”, remarcó Galleano. “Con la demolición de este tipo de espacios cooptados por bandas delictivas, pretendemos devolverle la tranquilidad al barrio”, agregó el fiscal.

“Se trata de un objetivo priorizado institucionalmente, y por ello es que ordenamos múltiples diligencias y se hicieron numerosas intervenciones que permitieron acreditar que esta construcción fue utilizada de manera reiterada y sistemática como punto de venta de droga al menudeo, como lugar de consumo, como aguantadero y también como soporte material de diversos hechos delictivos”, agregó.

En el pedido que realizó en la audiencia llevada a cabo el pasado jueves 2 de julio, el fiscal Galleano argumentó que “corresponde el derribo en función del interés público comprometido en la prevención del delito, la protección de la seguridad colectiva, la recuperación de espacios degradados y la tutela de los vecinos del sector, los cuales prevalecen claramente sobre la conservación de una estructura edilicia actualmente ruinosa, abandonada y funcionalmente asociada a la reiteración de actividades ilícitas”.

Galleano también advirtió que “el inmueble estaba deshabitado, sin destino habitacional efectivo, en avanzado estado de deterioro estructural, con sectores severamente afectados por el paso del tiempo, sin servicios esenciales regularizados y sin perspectivas razonables de reutilización lícita”. En tal sentido, concluyó que “estas particularidades son propias de un estado antijurídico persistente cuya neutralización exige una respuesta inmediata y eficaz, por eso es que solicitamos su demolición total”.