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Quedaron en prisión preventiva siete personas a las que se investiga por adquirir armas de fuego como legítimos usuarios y desviarlas hacia el mercado ilegal. Se trata de cinco hombres y dos mujeres, y en el marco del mismo legajo penal hay otros dos imputados cuyas medidas cautelares se  debatirán mañana. Los nueve fueron detenidos en las ciudades de Santa Fe, Esperanza y Recreo (las tres localidades pertenecen al departamento La Capital).

Las cautelares de máxima fueron solicitadas en todos los casos por las fiscales Juliana González y Carla Cerliani, del Equipo de Trabajo de Abordaje Estratégico sobre Armas de fuego de la Fiscalía General. Las solicitudes fueron llevadas a cabo por las fiscales del MPA en audiencias que se desarrollaron hoy entre las 9:30 y las 18:30 en los tribunales de la capital provincial.

González explicó que “por requerimiento del abogado defensor de uno de los imputados, las preventivas se discutieron de forma separada”, y remarcó que “de manera reiterada, argumentamos que los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio estaban latentes”.

En relación a los dos hombres para los que se debatirán las cautelares mañana, la fiscal adelantó que “también solicitaremos la prisión preventiva”.

La investigación forma parte de los Objetivos Priorizados del MPA y surgió de manera proactiva a partir del análisis de información solicitada al Registro Nacional de Armas (Renar) y a la Subsecretaría de Intervención Federal. El trabajo interinstitucional se enmarca en un convenio firmado por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, con el Renar y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Armas de fuego

La funcionaria del MPA precisó que “los imputados son titulares de 154 armas, la mayoría de las cuáles no se hallaron en los lugares de guarda que habían declarado”. En tal sentido, afirmó que “la hipótesis fiscal es que las que faltan fueron introducidas en el circuito ilegal”, y puntualizó que “de hecho, algunas fueron secuestradas en hechos de violencias altamente lesivas cometidos por otras personas”.

González detalló que “entre 2016 y este año, los imputados compraron numerosas armas que en general son de calibres 9, 40 y 380 milímetros, por lo que tienen un alto poder ofensivo”. Según remarcó, “estimamos que en total invirtieron aproximadamente 54.300 dólares –equivalentes a alrededor de 80 millones de pesos–, cuya procedencia ninguno puede justificar legalmente”.

Calificaciones penales

A las nueve personas investigadas se les atribuyó el delito de provisión ilegal de armas de fuego calificado (por habitualidad). A su vez, una de las mujeres investigadas, cuyas iniciales son DEG, está imputada como autora de falsa denuncia y de comercialización de estupefacientes.