Noticias

El día lunes 27 de febrero, se dio inicio en el Centro de Justicia Penal de Rosario, al juicio oral y público llevado contra 13 personas por estafas inmobiliarias realizadas de manera conjunta. La apertura al juicio como tal había sido solicitada por la Fiscalía en el año 2017. Alrededor de 300 testigos fueron ofrecidos por el MPA y dada la complejidad del caso abordado, se estima que el Juicio Oral tendrá una duración de dos a tres meses, trabajando en jornadas diarias.

“Para la fiscalía es muy importante poder llevar este tipo de casos a juicios porque se trata de un tipo de criminalidad, económica, que durante mucho tiempo no recibió la suficiente atención por el sistema de justicia, desde que se puso en marcha el MPA ha habido una promoción de un cambio en este sentido buscando impulsar investigaciones y juicios sobre delitos económicos” concluyó el Fiscal. 

Además de las atribuciones en relación a las estafas realizadas, en el mismo juicio se incluye la acusación de lavado de activos de origen ilícito. Este tipo de delitos,  consta de tomar bienes de origen ilícito y generar maniobras con el objetivo de lograr que esas propiedades tengan apariencia de haber sido adquiridas legalmente por las personas que resultan beneficiarios finales.

Los hechos

En palabras del Fiscal, la mecánica de los hechos se constituye a partir de un patrón que constaba de: “A través de falsedades de escrituras, hechas por escribanos públicos involucrados en el caso y que también están acusados, han generado una serie de documentos falsos y de fraudes por medio de los cuales se le quito la propiedad de alrededor de 10 inmuebles a diferentes familias de la ciudad de Rosario”

En suma, se falsificaba la firma del verdadero dueño de una propiedad, se hacía un poder falso para suplir de esa manera a la persona que no había firmado o que incluso estaba fallecida. 

Las maniobras ilícitas se realizan con la complicidad de escribanos que intervenian en esos poderes falsos, y luego instrumentaron esos poderes para confeccionar otras escrituras de transferencia para aparentar que los verdaderos dueños habian vendido sus propiedades. Finalmente, se terminaban inscribiendo en el registro de la propiedad esas nuevas transacciones quedando como dueños las personas que integraban este grupo delictivo. 

“Se instrumentaron, a veces más compraventas y transferencias con el fin de que cuando la víctima o algún familiar se diese cuenta de lo que estaba pasando, lo que se encontrase fueran dos o tres transferencias de la propiedad, lo que tornaba casi imposible que pudieran recuperar el terreno”, detalló el Fiscal.

Los delitos y las penas 

En cuanto a los delitos en particular, la fiscalía considera que se han cometido delitos de estafa, falsedad de documento público y diversas formas del delito de lavado de activos. En algunos casos estos se realizaron  bajo la forma de receptación de bienes o la figura de lavado de activos calificada. Esta última se configura cuando quien cometió el lavado de activos es un profesional habilitado por el Estado. 

Las penas solicitadas por la Fiscalía constan de tres tipos, penas de prisión, penas especiales de inhabilitación y penas de multa. “Uno de los objetivos del sistema penal es no solo aplicar penas de prisión sino penas económicas a alguien que ha cometido delitos con el fin de enriquecerse, como en este caso, aplicar sanciones económicas que ataquen ese enriquecimiento ilícito”, planteó el Fiscal del caso. 

Además, se solicitó el decomiso de los bienes obtenidos y también la declaración de falsedad de las escrituras que se realizaron. 

Acusados 

En total son 13 los acusados en el proceso oral que se desarrolla actualmente en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Entre los imputados se encuentran: Eduardo T., Juan Roberto A. Ramona R., Juan A., Marcelo J., Maximiliano G.G, José G., Luis K., Vanina V., Alejandro M., Sandra M., Magali G.G, Omar B.

Para todos ellos se han solicitado penas de prisión, multa e inhabilitación proporcional a su accionar, en algunos casos se solicitaron conjuntamente. Las penas relativas a las multas para los acusados se extienden desde los $4.745.371,53 a los $344.081.151,73.

Algunos de los acusados en el marco del Juicio Oral, podrán aceptar homologar procedimientos abreviados.