La Jueza Paula Alvarez tuvo por admitida la calificación legal rechazando el pedido formulado por la Fiscalía y las Querellas de prisión preventiva efectiva, disponiendo el pago de una caución y reglas de conducta. Quien representa al Ministerio Público de la Acusación durante la investigación es el Fiscal Miguel Moreno.
Los hechos
A partir de la investigación realizada por la Fiscalía, se les atribuye que desplegaron el accionar valiéndose del nombre, prestigio, confianza, imagen, operatividad en el tiempo, contando con socios de gran reputación en el mercado de bolsa.
El accionar constaba de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores. La captacion estuvo dirigida a persuadir al público sosteniendo que sus ahorros eran recibidos en carácter de comitentes del ALYC (Agente de Liquidación y Compensación) para ser aplicado a inversiones en el mercado de capitales regulado por la ley 26.831, a cambio de la cual se les prometía un rendimiento de renta fija.
Se convencía a las víctimas de que harían inversiones como si fuera en un fondo común de inversión de renta fija, pero lo que realizaban era recibir el dinero en efectivo de forma irregular no ajustándose a las formalidades impuestas por la normativa tributaria, las normas relativas al funcionamiento de las entidades financieras y su supervisión y las normas emitidas por la C.N.V (Comisión Nacional de Valores) como ente de control de mercado de capitales. Este dinero, en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados y/o agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, eran aplicadas a operaciones financieras irregulares no especificadas (préstamos, cambio de cheque, cambio ilegal de divisas) y/o a la apropiación de los fondos en beneficios propio de los directivos.
La maniobra se sostuvo en el tiempo, al menos desde el año 2000 hasta la actualidad. Durante ese período, fue sostenida, manteniendo la confianza de los inversores, utilizando la imagen de empresa confiable, de la emisión y comunicación de supuestos resúmenes de cuenta de inversiones y de la entrega aleatoria de sumas de dinero a requerimiento de los inversores y de maniobras de persuasión por medio de las cuales se lograba que los ahorristas vuelvan a invertir los fondos confiados a partir de la promesa de la obtención de ganancias, evitando de esta manera que le requiriese la entrega de esos fondos.
A partir del año 2021, a consecuencia de una pérdida de confianza comenzó a generalizarse paulatinamente entre los inversores, estos empezaron a solicitar la devolución de los fondos que cada uno de ellos asumen que tenían en su cuenta, según indican los propios resúmenes emitidos y aportados por la firma. Como respuesta a la petición de los inversores, los imputados comenzaron a manifestar excusas dilatorias que se fueron extendiendo en el tiempo y que tuvieron por efecto la pérdida de confianza, y el origen de nuevos reclamos.
Cabe destacar que la firma recibía inversiones de algunos comitentes a la par que les negaban a otros el retiro de sus ahorros, como así también lo hicieron posteriormente al informe del síndico referente a los estados contables correspondientes al período 01/01/2021 -30/06/2021, que derivó en la intervención y suspensión por la Comisión Nacional de Valores en fecha 16 septiembre de 2021 y paralelamente abrían nuevas “cuentas comitentes” al público en general, garantizando un negocio irreal. A sabiendas de la imposibilidad de cumplimiento, seguían aceptando ahorros de los comitentes y ofertando un negocio ficticio. Utilizando la estructura de una sociedad anónima, con oficinas, empleados, autoridades y reconocimiento público mediante abuso de confianza y violando los deberes que les incumben como administradores de los fondos confiados, con el objeto de procurar un lucro indebido para sí o para un tercero, haber defraudado a 85 víctimas, las cuales les habían confiado fondos con el objeto de aplicarlos a inversiones financieras o productivas que generaban una renta, siendo que a partir de mediados o fines del año 2017,aproximadamente, fueron desviados dando origen a un sistema de estafa piramidal.
Este sistema en el que una persona, física o jurídica, ofrece una alta rentabilidad a los inversores. En razón de esa oferta, consigue fácilmente convencer a la clientela para que se le preste o entregue capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. La dinámica continua hasta que deja de entrar dinero, debido a una crisis a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo. En ese momento, se desmorona el entramado y deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido. Valiéndose de la estructura de la sociedad anónima mediante ardid, consistente en el ofrecimiento de inversiones financieras productivas de alta rentabilidad, logrando de este modo las disposiciones patrimoniales de las víctimas que fueron aplicadas a este sistema de estafa ocasionando un perjuicio patrimonial de aproximadamente USD 5.660,100 y €34.400.
Responsabilidad penal
Se le atribuyo a Luis H., Ignacio H., Diego H. y Marcela F. por los delitos de Administración fraudulenta y Estafa, en 85 hechos, en concurso real en calidad de coautor; Administración fraudulenta, en calidad de coautores, dos hechos en concurso real que, además, concurren materialmente con los hechos anteriormente.
La Jueza Paula Álvarez tuvo por admitida calificación legal rechazando el pedido formulado por la Fiscalía y las Querellas de prisión preventiva efectiva para Luis H., Ignacio H., Diego H. dictando la libertad con el pago de una caución por el monto de 3 millones de dólares y restricciones; a) impedimento de todo tipo de contacto y acercamiento y por cualquier medio con los denunciantes; b) firma quincenal ante la OGJ; c) prohibición de salir del país y entrega de pasaportes. Además, dispuso una medida no privativa de la libertad para Marcela F. con restricciones; a) firma quincenal ante la OGJ, b) prohibición de salir del país, c) entrega de pasaporte; todo por el plazo de ley.
