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Un hombre de 65 años cuyas iniciales son CAS fue imputado hoy como jefe de una asociación ilícita que otorgaba garantías falsas para que personas interesadas en alquilar inmuebles pudieran concretar la operación en distintas inmobiliarias de la ciudad de Santa Fe. La atribución delictiva fue realizada por las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza en una audiencia realizada esta mañana de forma remota a través de la aplicación Zoom ante el juez Sergio Carraro. Las fiscales del MPA le atribuyeron al imputado la autoría del delito de asociación ilícita en calidad de jefe y de amenazas coactivas. Además, le endilgaron la coautoría de los delitos de estafa y tentativa de estafa, en concurso ideal con falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos públicos y privados. Las funcionarias del MPA sostuvieron que “la persona imputada era el jefe de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada que venía operando desde julio de 2015”. Además, indicaron que “hay al menos otras 10 personas que eran miembros de esta asociación ilícita, quienes transitarán el proceso en libertad y serán imputadas en los próximos días”.

Modalidad delictiva

“La investigación se inició a raíz de la denuncia radicada la semana pasada por el abogado de una inmobiliaria de la ciudad de Santa Fe”, informaron Jiménez y Urquiza. “El representante legal de la firma acompañó su denuncia con copias de la documentación falsa presentada y de contratos y reservas de alquiler”, agregaron. En relación a la modalidad delictiva, las fiscales explicaron que “el jefe de la asociación ilícita ofrecía garantías falsas para que los solicitantes de alquileres pudieran cumplir con los requisitos que solicitan las inmobiliarias. De esta manera, se concretaba la maniobra defraudatoria en perjuicio de la inmobiliaria y de los propietarios de los bienes”. Detallaron también que “el imputado falsificaba recibos de sueldo y facturas de servicios de electricidad, gas y cable e Internet. Los hacía a nombre de los miembros de la asociación ilícita, y luego vinculaba a estos supuestos garantes con los interesados en alquilar”. Jiménez y Urquiza detallaron que “por cada firma de una persona que salía como garante cobraba un monto que en la actualidad era de aproximadamente 6 mil pesos”.

Pagaré en blanco

“El hombre imputado obligaba a los solicitantes de los alquileres a firmar un convenio de pago y/o un pagaré en blanco. Los intimidaba diciéndoles que si no firmaban esos documentos, no obtendrían las garantías que necesitaban para concretar el alquiler”, detallaron las fiscales. Jiménez y Urquiza también indicaron que “de la información relevada hasta el momento, constatamos los nombres de 529 personas que habrían firmado estos pagaré en blanco”. En tal sentido, concluyeron que “si bien la denuncia fue realizada por una sola inmobiliaria, entendemos que hay otras empresas del rubro que también fueron víctimas de esta asociación ilícita”.

Prisión preventiva

En función de lo resuelto esta mañana, la audiencia de medidas cautelares fue fijada para el miércoles en horario a confirmar. Las fiscales adelantaron que solicitarán la prisión preventiva del hombre investigado.