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Se realizó ayer la primera audiencia remota en jurisdicción de la Fiscalía Regional número 5. Se realizó a través del dispositivo informático Zoom a raíz de hechos delictivos cometidos por tres jóvenes en la ciudad de San Cristóbal. La fiscal Hemilce Fissore imputó a las tres personas como autores de los delitos de violación de medidas sanitarias contra una epidemia, desobediencia a una orden de autoridad y tentativa de estelionato. Los imputados son AAT de 20 años; MAD de 18 y JAP de 20. Finalizada la atribución delictiva que realizó la fiscal del MPA, se trataron las medidas cautelares. El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva para los tres jóvenes investigados.  “El magistrado dispuso que los tres deberán respetar estrictamente el aislamiento social, preventivo y obligatorio en sus respectivos domicilios, y también ordenó que se implementen controles policiales sorpresivos para verificar el cumplimiento”, informó Fissore. “Además, les impuso la obligación de –una vez que las autoridades competentes dispongan la finalización del aislamiento– presentarse en la sede de la Unidad Fiscal de San Cristóbal para lograr una de las denominadas salidas alternativas y concluir el proceso penal”, agregó la fiscal.

A distancia

Acerca de la realización de la audiencia de forma remota, la fiscal Fissore explicó que “el juez estaba en su despacho; el operador de la audiencia en la Oficina de Gestión Judicial; yo estaba en mi domicilio particular y el defensor en su oficina”. La funcionaria del MPA aclaró que “no tuvimos contacto físico entre nosotros a raíz de que cada uno estaba en lugares distintos”. “En relación a los imputados, los tres cumplían detención domiciliara. Por lo tanto, fueron trasladados hasta la Alcaidía de San Cristóbal, donde participaron de la videoconferencia”, agregó Fissore.

Los hechos

De acuerdo a lo informado por la fiscal, “los delitos investigados fueron cometidos en horas del mediodía del martes pasado”. En tal sentido, argumentó que “con conocimiento y voluntad sobre sus actos, los tres imputados ofertaron para la venta bienes ajenos –herramientas de mano–, la cual no pudieron concretar por circunstancias ajenas a su voluntad”. Asimismo, Fissore indicó que “a pesar de que sabían de la obligatoriedad de las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación de la pandemia generada por el coronavirus, incumplieron con la medida y desobedecieron dicha orden”.

Competencia

Fissore también detalló que “antes de iniciar la audiencia imputativa se trató un planteo de incompetencia material que había formulado horas antes el defensor”. En tal sentido, puntualizó que “entendía que este caso era de competencia federal y debía ser investigado y juzgado por la Justicia Federal” y concluyó que “el juez rechazó el planteo”.