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En una audiencia de medidas cautelares llevada a cabo ayer se impusieron normas de conducta alternativas a la prisión preventiva a la exdirectora y a la actual directora de un jardín de infantes de la ciudad de Santa Fe a las que se investiga como autoras del delito de encubrimiento agravado. Las dos imputadas tuvieron a su cargo la dirección de la institución en la que trabajaba un profesor de música al que se investiga como autor de delitos contra la integridad sexual de un alumno. Una de las imputadas es una mujer de 49 años cuyas iniciales son CFL, quien era la directora de la institución educativa en 2018. Por su parte, la otra mujer investigada tiene 36 años, sus iniciales son EK, era la vicedirectora en 2018 y es la actual directora del establecimiento. Las fiscales a cargo de la investigación tanto de las dos mujeres como del docente, son Alejandra Del Río Ayala y María Celeste Minniti. En la audiencia de ayer a la mañana, las fiscales pidieron la prisión preventiva, pero el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Héctor Gabriel Candioti, no hizo lugar al planteo. No obstante, entre las medidas alternativas resueltas, el magistrado dispuso que –para recuperar su libertad–, las imputadas deberán constituir una caución personal de 800 mil pesos cada una de ellas. Asimismo, el juez les prohibió el ingreso y el acercamiento a 500 metros al jardín y a la escuela primaria de la institución que condujeron las imputadas. Además, dispuso que tampoco podrán acercarse a 100 metros ni tener contacto con la totalidad del cuerpo docente, con el personal administrativo y de maestranza, con los alumnos y con sus progenitores.

Arraigo al proceso

Luego de la audiencia, la fiscal Del Río Ayala aclaró que “el hecho de que las imputadas hayan recuperado su libertad, de ninguna manera significa que no haya evidencia para sostener la autoría del encubrimiento agravado. Por el contrario, el juez impuso muchas medidas alternativas que implican un arraigo muy fuerte de las dos mujeres al proceso”. “Esperaremos los fundamentos del juez para analiza los motivos por los cuales no aceptó el pedido de prisión preventiva que planteamos desde la Fiscalía. No obstante, entendemos que la pena en expectativa que prevé el Código Penal para el delito de encubrimiento agravado –de uno a seis años de prisión– podría ser uno de los fundamentos”, agregó Del Río Ayala. Por otra parte, la fiscal remarcó que “la obligación de todo funcionario público y de, fundamentalmente, toda persona que está a cargo de niños y de niñas es denunciar cualquier sospecha de abuso sexual. Y en este caso, el denunciado es una persona de adentro de la institución”. Asimismo, sostuvo que “las dos imputadas tenían la obligación real y concreta de garantizar la seguridad de los niños y de las niñas que asisten al establecimiento educativo. Y lo cierto es que a este niño no se lo preservó y siguió expuesto”.