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Un hombre de 67 años que es líder de la congregación religiosa Pueblo de Dios quedó en prisión preventiva como autor de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de seis víctimas menores de edad. Así lo dispuso el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Héctor Gabriel Candioti, en una audiencia de medidas cautelares realizada hoy a la mañana en los tribunales de la capital provincial ante el pedido de las fiscales Alejandra Del Río Ayala y María Celeste Minniti. El pasado domingo, Del Río Ayala le atribuyó al imputado la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado (por ser ministro de culto) en perjuicio de tres de las víctimas; abuso sexual simple reiterado y calificado (por ser ministro de culto) en perjuicio de dos víctimas; y abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por ser ministro de culto) en perjuicio de otra víctima. Además, en relación a los hechos cometidos en perjuicio de cuatro de las seis víctimas, la fiscal también le imputó la autoría del delito de promoción a la corrupción de menores agravada (en dos casos por amenazas, en otro por abuso de autoridad y en el tercero por violencia). Todos los hechos fueron endilgados en concurso real. Luego de la audiencia realizada en la mañana de hoy, las fiscales Del Río Ayala y Minniti explicaron que “tal como planteamos desde la Fiscalía, el juez entendió que hay riesgos procesales concretos”. En tal sentido, agregó que “en este caso se acrecientan por la pertenencia institucional que tiene el imputado y porque al enterarse de la investigación que estábamos haciendo, se fue a otro país y mantuvo vínculos con el líder mundial del culto al que pertenece”. También subrayaron que “en caso que hubiera recuperado su libertad, se hubieran generado riesgos para la investigación debido a que sigue en curso y surgieron nuevos testimonios de otras víctimas”.

Los hechos

“Los abusos que investigamos fueron cometidos en reiteradas oportunidades entre 2015 y 2017 en perjuicio de seis niñas y adolescentes, todas menores de edad al momento de sufrir las agresiones sexuales”, precisaron la fiscales Del Río Ayala y Minniti. Las funcionarias del MPA relataron que “las víctimas eran agredidas cuando se quedaban a dormir en la sede de la congregación religiosa ubicada en la avenida Gorriti al 4.600 y también al momento de ser trasladadas por el imputado en un vehículo particular”. En tal sentido, explicaron que “para pertenecer a lo que se denomina ‘Juventud’, las niñas debían congregarse y vivir en ese lugar, donde realizaban diversas actividades. Además, el imputado procuraba alejarlas de sus familias, quienes confiaban en él a raíz de su posición de líder religioso”. Las fiscales añadieron que “el hombre investigado cometía los ilícitos a pesar de la resistencia de las menores. En algunos casos utilizó violencia para neutralizar a las niñas, en otros lo hizo abusando de su autoridad religiosa y en otros las amenazó con suspenderlas en la práctica religiosa si no aceptaban ser abusadas”. “La modalidad del abuso, el contexto religioso en que se produjeron y la diferencia de edad entre el imputado y las víctimas, tienen entidad suficiente para interferir en el libre desarrollo sexual de las menores”, concluyeron Del Río Ayala y Minniti.

Más víctimas

Luego de la audiencia, las funcionarias del MPA informaron que “si bien la imputación que realizamos es por delitos en perjuicio de seis menores de edad, de la misma investigación surgieron otras victimas y ayer ya se tomaron algunos testimonios que iremos añadiendo a medida que vayamos avanzando en la causa”. También aclaró que “hay algunas de ellas que siguen siendo menores de edad, de manera que las escucharemos en Cámara Gessel”.

Detención

“El imputado fue detenido en la ciudad de Puerto Iguazú el domingo 27 de octubre, a raíz de una orden de detención que ya habíamos librado desde el MPA”, remarcaron las fiscales. “También ordenamos diversas diligencias y trabajo de inteligencia, el cual fue muy prolijo. Estuvo a cargo de la subinspectora Laura Nicola y de la oficial Silvana Lardito de la Agencia Provincial de Investigaciones sobre Trata de Personas de la policía de la provincia de Santa Fe”, agregaron.