La fiscal Alejandra Del Río Ayala, solicitará 17 años de prisión para un hombre investigado como autor de delitos contra la integridad sexual de su sobrina menor de edad. Así lo adelantó la funcionaria del MPA en la audiencia preliminar realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante el juez Nicolás Falkenberg.
El acusado es integrante de la policía de la provincia de Santa Fe, tiene 29 años y sus iniciales son DAF. Los delitos por los que se lo investiga son la autoría de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por el vínculo, por la guarda y por la convivencia preexistente con la víctima menor de 18 años), en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada (por abuso de autoridad, por intimidación y por coerción).
Intrafamiliar
“Los delitos que investigamos fueron cometidos durante aproximadamente tres años, mientras la víctima era menor de 10 años”, precisó la fiscal Del Río Ayala en la audiencia. “Los ilícitos ocurrieron en una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad, a la que la niña concurría para visitar a su tío”, añadió la funcionaria que integra la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS).
La fiscal argumentó que “las constantes agresiones sexuales de las que fue víctima la menor, provocaron en ella un real sometimiento y humillación”. En tal sentido, sostuvo que “por la diferencia de edad entre el acusado y la víctima; por la relación de parentesco que los une; y por la modalidad, frecuencia y duración de los hechos, los ilícitos tienen entidad suficiente para adelantar el normal desarrollo de la sexualidad de la niña”.
Fundamentos
La fiscal del MPA manifestó en la audiencia “que está suficientemente acreditada la materialidad de los hechos atribuidos, como así también la responsabilidad del acusado”. También consideró que “los delitos endilgados son de los más aberrantes que se pueden cometer contra una persona, en especial tratándose de niños y niñas. No solo por los derechos que vulnera, sino también por lo traumático que resultan estas acciones y las consecuencias que producen o podrían producir a lo largo de la vida de una persona”.
Por último, Del Río Ayala se refirió al acusado y enumeró “agravantes”. En tal sentido, refirió a “la edad del hombre investigado, en tanto señala su experiencia en la materia y la madurez suficiente para comprender las posibles consecuencias de su actuar; su educación, que le permite conocer sobre las implicancias de su actuar y que se trata de conductas reprochables por el ordenamiento jurídico vigente; y su pertenencia a las fuerzas de seguridad del Estado”.
Juicio oral y público
Luego de la audiencia preliminar llevada a cabo, el juez Falkenberg deberá resolver las cuestiones planteadas por las partes. Además, en caso que entienda que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina el auto de apertura a juicio para que se realice el juicio oral y público.
Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear los integrantes del tribunal (en este caso, y a raíz de que la Fiscalía pidió una pena de 17 años, se trata de un tribunal pluripersonal) y fijar la fecha para el inicio del juicio.
