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Se firmó un convenio para impulsar un plan conjunto que permita mejorar los sistemas de información acerca de la Justicia Argentina. Fue en un encuentro que encabezó el martes 11 de octubre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en Casa Rosada. El acuerdo fue rubricado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas; el presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, Rafael Gutiérrez; y el presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la Argentina, Mario Bongianino. También firmaron el convenio los máximos tribunales de justicia y los ministerios públicos de cada provincia. El Fiscal General de la provincia de Santa Fe, Julio de Olazábal, suscribió el acuerdo como titular del MPA.

Calidad y transparencia

El objetivo del convenio es promover las acciones tendientes a mejorar la calidad y la transparencia de la información estadística elaborada y publicada en cada provincia, tanto en materia penal como en materia no penal. En tal sentido, el acuerdo busca modernizar los sistemas estadísticos, cumpliendo con los estándares de Gobierno Abierto, y unificar los datos nacionales en materia judicial. Según establece el documento, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el encargado de coordinar el proceso de elaboración y sistematización del nuevo sistema estadístico y de diseñar protocolos técnicos de datos y proceso para su discusión y validación. En tal sentido, desarrollará y mantendrá en línea un portal de datos abiertos acerca de la Justicia Argentina en el que habrá información que producirán los firmantes del acuerdo. Además, la cartera nacional brindará asistencia técnica y financiera a las instituciones que las requieran para la producción, recolección y sistematización de los datos.  Por su parte, las instituciones judiciales que suscribieron el acuerdo deberán producir datos e información orientada a satisfacer las demandas de los usuarios; suministrar los datos primarios al ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; sistematizar la producción y recolección de datos; y colaborar en la elaboración y validación de los protocolos que se confeccionarán.