Un convenio marco firmado por el gobierno provincial, el MPA y el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) establece que se creará la Delegación Regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) que funcionará en la provincia de Santa Fe. El acuerdo fue rubricado por el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz; la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; y el Fiscal General del MPA, Julio de Olazábal.
La Delegación Regional de la Procunar estará integrada por un equipo interdisciplinario que será conducido por un funcionario con conocimiento y experiencia en la persecución penal del narcotráfico.
Análisis Criminal
El documento suscrito el pasado lunes 3 de octubre en la delegación del gobierno santafesino en la ciudad de Rosario, también establece que las tres instituciones desarrollarán e implementarán una Unidad Conjunta de Análisis Criminal. Al igual que la Delegación Regional de la Pocunar, contará con un equipo de trabajo interdisciplinario.
La nueva Unidad de Análisis Criminal tendrá como objetivos principales la elaboración de insumos y directrices para la confección de planes de persecución penal estratégica en la provincia. También trabajará en la creación de un cuadro de medición con categorías e indicadores sobre el funcionamiento de los distintos mercados estructurados en torno al fenómeno de la narcocriminalidad de la provincia, en coordinación con la Procunar y el MPF.
Capacitación e intervención conjunta
El convenio rubricado también establece que el gobierno provincial, el MPF y el MPA desarrollarán programas de capacitación acerca de la investigación de la narcocriminalidad y sus delitos vinculados para el personal de las fuerzas de seguridad, funcionarios y magistrados de la justicia federal y del MPF. También se llevarán a cabo talleres o mesas de trabajo destinados a los integrantes de las fuerzas preventoras, funcionarios y magistrados relacionados con la problemática.
Por otra parte, las tres instituciones realizarán reuniones periódicas para el seguimiento de casos relevantes para funcionarios y magistrados. Además, deberán establecer los mecanismos de comunicación necesarios para permitir un flujo eficaz y oportuno de la información relacionada a estos tipos de criminalidad organizada.
