Un fallo de la Cámara de Apelación en lo Penal concluye que los denominados operativos de saturación que realiza la Policía de la provincia son admisibles. Además, la resolución del Tribunal de Alzada recuerda que, una vez controlada una persona en el marco de estos procedimientos, podrá ser aprehendida si hay elementos de sospecha de delito o contravención.
La intervención de la Cámara, integrada por Sebastián Creus, Oscar Burtnik y Martha Feijoó, se dio a partir de un recurso de apelación presentado por el fiscal del MPA, Omar De Pedro, a una resolución de primera instancia del juez Eduardo Pocoví. Por su parte, el fallo de Pocoví fue a raíz de un hábeas corpus colectivo y preventivo que interpuso el defensor público Leandro Miró, quien cuestionó la legalidad de estos operativos realizados en junio y julio de 2015 en la ciudad de Coronda.
No son 'razzia'
El fiscal De Pedro remarcó que "el camarista Creus –a cuyo voto adhieren los otros dos magistrados– es muy claro. En el fallo afirma que los operativos de saturación resultan 'compatibles con los pactos sobre Derechos Humanos la actividad del Estado tendiente a tomar medidas referidas al orden y la seguridad pública'". En tal sentido, De Pedro agregó que el juez refiere también a "las facultades inherentes de la Policía para realizar toda actividad destinada a resguardar el orden, la paz y la tranquilidad pública así como a prevenir y perseguir la comisión de delitos y contravenciones".
Por otra parte, el fiscal del MPA hizo hincapié en que la Alzada también aclaró que los operativos de saturación de la policía no deben confundirse con la actividad comúnmente llamada 'razzia'. "En los casos que cuestionó la Defensa Pública, no hubo ni masividad ni discriminación, que son las características propias de la 'razzia'", indicó De Pedro.
Por último, el fiscal reconoció que el fallo de la Cámara también recuerda que "una vez controlada una persona por la policía, podrá ser aprehendida si hay elementos de sospecha de delito o contravención". En tal sentido, el funcionario del MPA señaló que "la resolución de la Alzada advierte que, en el marco del operativo cuestionado, la policía hizo cuatro aprehensiones sin motivos válidos. Por este motivo es que ordena que se investiguen los cuatro casos y también rechaza nuestra apelación. No obstante –concluyó De Pedro– el rechazo al recurso que presentamos desde la Fiscalía es por estos cuatro casos, y de ninguna manera cuestiona la validez y la admisibilidad de los operativos de saturación".
Artículo 10 bis
El artículo 10 bis incorporado a la ley provincial número 7.395 (Ley Orgánica de la Policía Provincial) sostiene que "salvo los casos previstos por el Código de Procedimiento Penal, la Policía no podrá detener o restringir la libertad corporal de las personas sino por orden de autoridad competente. Sólo cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas, que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilicíto, podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad. En este caso, la demora no podrá exceder las seis (6) horas corridas y en el transcurso de las cuales, los que sean trasladados a dependencias policiales, no podrán ser alojados en lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones y tendrán derecho a hacer una llamada telefónica tendiente a plantear su situación y a los fines de colaborar en su individualización e identidad personal. En la primera actuación policial se impondrá a la persona demorada de sus derechos y garantías, no será incomunicada y se labrará de inmediato, acta individual o colectiva, en la que constará la causa de la demora, fecha y hora de la medida, debiendo ser firmada por el funcionario actuante, por el demorado y dos (2) testigos que hubieren presenciado el procedimiento si los hubiere, con entrega de las copias respectivas a los interesados".
