Venimos observando desde hace algún tiempo, no solo del diputado Roy López Molina, quien recientemente expuso su proyecto de ley en este medio, sino de otros legisladores de distinta extracción política, cierta y genuina preocupación sobre el sistema de Justicia Penal. Existen varios proyectos de ley, entre los cuales se ha hecho particular hincapié sobre los procesos abreviados y una necesidad uniforme de buscar la forma de acotarlos cual si fueren acuerdos espurios, ilegales, oscuros o inmorales.
Estimo luego de haber dado lectura en particular al proyecto del diputado Roy Molina, que en su génesis alcanza a la de sus otros colegas, que se realizan afirmaciones que en algunos casos aparecen insuficientes de información o si se la tiene creo que merece otras interpretaciones, otros puntos de vista, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de su valuación, teniendo claro siempre que el soberano es quien legisla y dice que es ley, claro está. Pero valoro que un pequeño aporte a partir de ideas distintas puede generar un debate enriquecedor para todos.
De ello hoy arrimo estas letras, desde el humilde rol de un operador judicial con 25 años de experiencia judicial y académica, y fundamentalmente, que ha trabajado desde su lugar y de forma entusiasta acompañando la reforma de la Justicia Penal, la cual por cierto, merece muchas críticas pero también tiene sus buenos aciertos.
1.
Como punto de partida, estimo que señalar que los procedimientos abreviados suplen la oralidad es confundir harina con sal. En el nuevo sistema penal los procedimientos abreviados se llevan a cabo oralmente. Es decir en audiencia. Es ilegal la realización de un procedimiento abreviado, sino lo es en el marco de una audiencia que es oral y pública. Cualquier ciudadano puede concurrir cuando lo desee, puede incluso observar desde internet en una página pública la fecha, el horario, el juez designado como así también el defensor, el fiscal y el querellante si lo hubiere. Mucho pero mucho han cambiado las cosas. Hoy todo es público.
Nada más alejado a lo afirmado entonces, pues en una audiencia pública, donde la ciudadanía toda puede concurrir, se da íntegra lectura por parte del fiscal del hecho atribuido, de las pruebas que sustentan la imputación, de la calificación legal y de la pena acordada. Nosotros los jueces realizamos un control de legalidad, ello significa que debemos advertir que la imputación tenga la prueba que la sustente, que la calificación legal ensayada sea congruente -para ser burdos, no se puede por una acusación de robo condenarse por estafa-. Y además debemos controlar que la pena esté contenida dentro del ámbito de la ley -cada delito tiene un máximo y un mínimo de pena-, todo ello además importa preguntar a la defensa si es correcto lo afirmado por el fiscal, y al imputado si comprende cabalmente el acuerdo, si presta su consentimiento y además de todo ello debemos determinar si no existen causales legales que impidan dicho acuerdo, como por ejemplo advertir una causal de inculpabilidad.
2.
Deje al querellante (víctima que decide coadyuvar en el proceso) para impulsar la acción penal, para explicar que, y en cuanto a la conformidad de que se pretende de todas las partes como base para admitir el procedimiento, es bueno hacer saber que las víctimas no siempre concuerdan con los intereses del titular de la acción penal que es precisamente el fiscal, quien ante todo y ante todos es quien legalmente ha sido instituido por el legislador para perseguir los delitos de acción pública. Ante ello, nuestro Código es muchísimo más protector de los derechos de las víctimas que el Código nacional, al que alude este proyecto como modelo, pues en aquél el querellante sólo tiene derecho a una protesta no vinculante para el fiscal, mientras que en nuestra provincia el querellante puede acudir al superior del fiscal de grado, quien puede inadmitir el proceso abreviado, si estima que la queja del querellante tiene fundado derecho.
3.
También creo que se comete un yerro conceptual al señalar que se dictaron tantos procesos abreviados versus tantos juicios orales. Como si los procedimientos abreviados fueran opúsculos oscuros y zainos, y el juicio oral fuera la panacea de la virtud. Ni lo uno ni lo otro.
Nada más ajeno a la realidad -estimo- en el contexto en el que se busca colocar el foco de la discusión. No son antagónicos, no son opuestos, sino complementarios y modos distintos de resolver un conflicto. Nada más.
Lo que se podría decir también o dicho de otra manera, es que fueron condenadas a través de un procedimiento abreviado 1.400 personas con penas que oscilan de 23 años de prisión en algunos casos a penas de ejecución condicional en otros, como corresponde por ley, con un promedio del hecho a la condena de seis meses. Antes tardábamos 4 años, para el mismo resultado.
Ello frente a 15 condenas a través de juicios orales y cinco absoluciones si es que algún número no me falla.
El proceso abreviado no es ni más ni menos que la aceptación de culpabilidad de un hecho criminal dentro de un marco legal, con control judicial, donde las partes deciden no ir a juicio porque saben que de hacerlo transitarán el mismo camino con un mismo fin.
Por ello estimo que tanto la defensa pública como la particular o el ministerio público de la acusación deciden llevar a juicio aquellos hechos que creen que así debe ocurrir. No se desgastan inútilmente en la nada misma. Porque es la nada misma realizar un juicio cuando de antemano se puede razonablemente pronosticar un final posible. Para decirlo de modo simple y para que la sociedad lo entienda es como ir al cine a ver una película que uno conoce como termina, o empezada la misma (con una investigación ya avanzada en el caso) se puede inferir sin lugar a duda el final.
4.
La limitación en años del proceso abreviado que aquí es para hechos con pena no mayor a seis años, es tan arbitrario como poner 8, 12, o 4,3 meses. Y conspira claramente contra cualquier posibilidad de llegar a acuerdos que eviten juicios innecesarios.
Si se trata de pensar en la víctima deberíamos preguntarnos qué hacemos entonces con víctimas de delitos contra la integridad sexual, si se prefiere transitar no solo por toda la investigación penal preparatoria, sino por un juicio oral y público, y exponerla en un juicio oral dado el simple arbitrio de un número de seis años, cuando la misma condena puede llegar sin tanto dolor y tanto daño a través de un procedimiento abreviado. O preguntarse también por qué un imputado que ha cometido un hecho aún grave, un homicidio, en el cual acepta su culpabilidad plena, y se prueba que ello es verdadero, deberemos someterlo a un juicio que será un juicio inútil y de necios pues frente a un quien confiesa su participación en un homicidio con todas las garantías preservadas y con todas las pruebas que demuestran su autoría, deberíamos preguntarnos de qué juicio hablamos, cuando no hay nada que contradecir. Será una sucesión aburrida, inútil e innecesaria. Una mueca de juicio oral que pagará el ciudadano finalmente con sus impuestos, porque cada juicio oral innecesario cuesta mucho dinero.
5.
El interés público también es un concepto de extremada y difícil apreciación. Para conceptualizar lo que intento decir: en los últimos 25 años murieron en la República Argentina más de 180.000 personas en accidentes de tránsito (es como si la ciudad de Rafaela y Venado Tuerto hubieren sido arrasadas con todos sus habitantes por un fenómeno meteorológico matando todos sus habitantes), y no observo en discurso alguno que esta verdadera pandemia "los 7.000 muertos en los últimos diez años en Santa Fe en accidentes de tránsito" se los tome como casos de "interés público". Ello sin significar lo cuestionable que puede ser instaurar una idea de "interés público" en materia de persecución penal de forma predeterminada, en un país aún tan pero tan volátil en conceptos como el mencionado cargado de pura subjetividad.
6.
Demás está decir que de lograrse avanzar en un proyecto como el expuesto u otros limitadores del mismo, si de colapso se trata van a tener que nombrar una innumerable cantidad de jueces, fiscales y defensores -con el costo que significa (pensemos en salud o educación)- para poder dar tratamiento a los procesos abreviados con condenas de más de seis años, sólo porque se arbitra dicho número, que paradójicamente y como se señaló el juicio contradictorio será para llegar a la misma solución que el proceso cuestionado.
7.
El proceso abreviado tal cual como está legislado, hoy da una solución de certeza en tiempo razonable, y ello es la prueba basal de cualquier sistema judicial que se precie de tal, justicia lenta no es justicia, pues en este tipo de procesos donde se condena a través de un proceso abreviado, desde el hecho al dictado de la condena se promedia no más de seis meses como ya se ha referenciado. Y ello es incontrastable con la idea pergeñada y otras en curso, que con buenas intenciones puede llegar a colocar al sistema en un retardo y colapso sin retorno.
8.
Finalmente observo que se ejemplifican para limitar el instituto en dos procedimientos abreviados cuestionados que son del viejo sistema penal, que nada absolutamente nada tiene que ver con el hoy nuevo sistema. Hoy convivimos con una dinámica integral diametralmente opuesta al anterior sistema, tan vetusto que siquiera vale la pena mencionar. Porque ya es pasado. La sociedad toda debe saber que el viejo sistema penal deberá concluir en muy poco tiempo y será -por suerte- historia lejana.
Hay mucho para hacer seguro, mucho para mejorar seguro -la simple reseña de los delitos culposos (muertos en accidente de tránsito) es una mínima muestra de cuánto nos falta-, y que según el punto de vista que se tome poco tendrá que hacer el derecho penal y procesal penal o mucho el derecho administrativo (carné con puntos, escuelas de conducir, etcétera), o las obras de infraestructura viales deseadas.
Reiterio juicio oral y proceso abreviado no son antagónicos, son complementarios. Son formas diferentes de resolver un conflicto y nada más.
En fin, son solo algunas inquietudes que se vuelcan públicamente para que la sociedad sepa que en mi caso, como un operador mas que trabaja en el sistema de justicia, se define ante todos como un ciudadano más que también espera las mejores herramientas para que, entre eficacia y garantías, logremos cada día mejorar nuestra Justicia como un valor preponderante de nuestra República.
