Un hombre de 57 años identificado como Daniel Oscar Mierez fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor de los delitos de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia con ella; exhibiciones obscenas; abuso sexual simple y suministro de material pornográfico; y amenazas coactivas; todo en concurso real. Fue en el marco del cuadragésimo tercer juicio oral y público que se realizó en la provincia desde que rige el nuevo sistema procesal penal, en este caso, en la ciudad de Rosario.
Las víctimas de Mierez fueron dos menores que tenían 11 años cuando comenzaron los abusos. Una de ellas es la hija de su pareja, y la otra, una niña amiga y vecina.
El juez que resolvió la condena fue Héctor Núñez Cartelle, quien también revocó el régimen de prisión domiciliaria del que gozaba Mierez, por lo que será alojado en una dependencia penitenciaria.
La defensa de Mierez estuvo a cargo del Servicio Público Provincial de la Defensa (SPPDP); en tanto, las fiscales que investigaron el caso fueron María Josefina Bertotto, Alejandra Raigal y Marianela Martín de la Fiscalía Regional 2 (Rosario). Las funcionarias del MPA valoraron que los delitos por los que se halló responsable al condenado fueron los solicitados por la Fiscalía.
El cuadragésimo tercer juicio oral y público realizado en la provincia (el vigésimo tercero en Rosario) comenzó el lunes 30 de noviembre y finalizó con los alegatos de clausura el viernes 4 de diciembre.
Amenazadas de muerte
"Los hechos por los que se condenó a M ocurrieron durante el transcurso de dos años, hasta que en abril de 2014 se radicó la denuncia", explicó Raigal. "Durante el lapso de tiempo que las menores estuvieron sometidas a esta situación, nunca se animaron a contar lo que les sucedía debido a que el condenado las amenazaba con matarlas si contaban lo sucedido", agregó la fiscal.
"Los hechos por los que se condenó a Mierez ocurrieron durante un tiempo prolongado; según ambas niñas, desde los primeros meses de 2013, es decir, un año antes que se realizara la denuncia en abril de 2014", explicaron Raigal y Martín. "Durante el lapso de tiempo que las menores estuvieron sometidas a esta situación, nunca se animaron a contar lo que les sucedía debido a que el condenado las amenazaba con matarlas si contaban lo sucedido y las humillaba", agregaron las fiscales.
Las funcionarias del MPA también indicaron que "los abusos se conocieron en forma accidental. Si bien las niñas hablaban entre ellas acerca de la manera de poner fin a la situación que padecían, el relato que pudieron hacer cada una de ellas a personas de su confianza –cuando ya la situación se tornó intolerable–, permitió dar cuenta de lo sucedido a las autoridades".
Raigal y Martín también refirieron que "desde que la hijastra del condenado dio a conocer los hechos a su madre, fue víctima también de represalias y amenazas, hechos que fueron denunciados penalmente y respecto de los cuales el MPA formuló la acusación y logró condena".
Las fiscales destacaron que la gravedad del caso estuvo dada en virtud de que el agresor se encontraba en el seno familiar, y era conviviente de una de las niñas y padre biológico de la hermana de ésta. "Hubo cronicidad de la conducta típica y con su accionar, Mierez generó un grave daño emocional en la vida de las pequeñas", concluyeron las fiscales.
Por último, destacaron desde el MPA que en ocasión de los alegatos de clausura se peticionó que se revocara el beneficio de prisión domiciliaria que el acusado venía gozando, requerimiento que el magistrado de primera instancia hizo lugar en su resolución. Ambas fiscales coincidieron en la importancia de este precedente, "atento a que el juez ordenó que Mierez cumpla la detención en un establecimiento adecuado en lo inmediato, no haciendo lugar al recurso de revocatoria interpuesto en dicha audiencia por su defensa técnica".
