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Finalizó la quinta edición del curso obligatorio sobre perspectiva y violencias de género que dicta el MPA en el marco de la Ley Micaela
Finalizó la quinta edición del curso obligatorio sobre perspectiva y violencias de género que se dicta en el marco de la ley nacional número 27.499 (Ley Micaela), a la que nuestra provincia adhirió a través de la ley número 13.891.
La cohorte más reciente de la capacitación se llevó a cabo de manera virtual y asincrónica entre septiembre y diciembre del año pasado. En tal sentido, ya se entregaron los correspondientes certificados de aprobación.
Personas capacitadas
El curso es organizado por la Escuela de Capacitación y está destinado a integrantes del MPA (fiscales, funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas, contratados y contratadas y pasantes).
La quinta edición fue aprobada por 196 personas, que se suman a otras 502 que participaron de cohortes anteriores y cumplieron los requisitos para recibir la certificación.
A su vez, en diferentes ediciones del curso anual sobre perspectiva de género y sistema penal, también a cargo de la Escuela de Capacitación, ya se formaron en la materia 643 personas. Dado que esta propuesta de capacitación aborda contenidos similares a la elaborada estrictamente en función de la Ley Micaela, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, determinó que satisface la formación en género exigida para quienes se desempeñan en el MPA.
Visibilizar la violencia
El curso obligatorio cuya quinta edición finalizó recientemente comenzó a dictarse en 2021. Su objetivo es que las y los integrantes del MPA logren visibilizar la problemática humana y social de la violencia de género, en especial en el contexto de su ámbito laboral y sus funciones específicas. Además, apunta a que puedan incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de sus actividades cotidianas.
El plan de estudios está estructurado en tres ejes temáticos: conceptos fundamentales; marco normativo; y violencias basadas en el género como problemática social. En cuanto a la metodología de trabajo, prevé la realización de actividades pedagógicas que demandan la lectura de material bibliográfico, normativo y jurisprudencial; el acceso a clases grabadas, y la participación en foros de discusión.
La evaluación consiste en dos parciales y un examen final integrador.
